CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 30 de enero último el gobierno federal anunció la liberación de 10 mil cajas de documentos oficiales pertenecientes a las extintas agencias de inteligencia mexicanas: la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que contienen información relevante sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en casos como la guerra sucia. Sin embargo, la transparencia se ha aplicado a cuentagotas, lamentan académicos e investigadores.

La declaratoria que formalizó dicha apertura ocurrió a casi un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las dependencias federales transferir al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos” relacionados con las “violaciones de derechos humanos y con las persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.