CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El 17 de septiembre pasado, semanas antes de terminar su gestión como gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para responder a una denuncia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según la querella, al entonces mandatario se le acusaba de haber adquirido 15% de las acciones de Banco Progreso Chihuahua, así como de colocar cerca de 834 millones de pesos de las arcas estatales a la misma institución crediticia a tasas de rendimiento preferenciales para el banco.