MÉXICO, D.F., 26 de mayo (proceso).- Enrique Peña Nieto señaló hace unos días ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana que él ejerció el “derecho” de emplear la fuerza pública para restablecer el orden en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco en mayo de 2006. Dijo también que ello fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ambas afirmaciones no podrían ser más falaces.
No existe un derecho al uso de la fuerza pública, sino atribuciones legales sujetas a límites como la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Peña exhibe así su forma de entender el ejercicio del poder, que sería para él un “derecho” del gobernante y no una obligación legal sujeta a controles y responsabilidades.


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