CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El martes 20 entró en vigor la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, cuya aprobación en los últimos días del periodo legislativo pasado en las cámaras de Diputados y Senadores denotó no sólo las prisas y la misma medianía con la que se creó la Secretaría de Cultura (SC), sino también la falta de una visión integral de política cultural de Estado.
Y es que, a decir del investigador Carlos Lara, integrante del grupo dictaminador de la ley en el Senado, tanto el equipo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República como los funcionarios de la Secretaría de Cultura que intervinieron en el proceso optaron por hacerse “un traje a la medida”, eliminando cualquier enunciado o propuesta que les obligara a asumir más tareas de las que en la actualidad llevan a cabo.


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