CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un período breve de tiempo, el gobierno de un país, a través de sus distintos órdenes, ha ejecutado cerca de mil agresiones, materializadas en amenazas, hostigamientos, allanamientos y espionaje ilegal, que incluye intervención de comunicaciones, seguimientos personales y vigilancia domiciliaria sobre opositores y periodistas incómodos, a los que suele desprestigiar a través de medios de comunicación a su servicio.
Hasta hace un año, por su postura política o activismo opositor a una posición del gobierno, 800 personas fueron detenidas y encarceladas bajo cargos que resultan absurdos a la luz de la evidencia elemental, por ejemplo, videos que revelan que quien cometió algún delito no es el imputado, pero no son admitidos por los jueces. De los detenidos, al menos 80 lo fueron mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de los 43 que acusaron tortura sin ser escuchados.


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