Desde la cúpula de la Sociedad de San Pablo se protegió durante décadas al entonces sacerdote mexicano Juan Huerta, desacatando incluso la política de cero tolerancia a la pederastia clerical ordenada por el papa Francisco. Ahora, mientras el gobierno de Venezuela pide su extradición para enjuiciarlo por abuso sexual contra un menor de edad, la asociación civil Spes Viva, junto con una de las víctimas, reúne la documentación que presentarán en la Corte Penal Internacional de La Haya, para que la congregación y el Vaticano respondan por encubrimiento.