CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Azorados algunos, preocupados otros, advierten que el próximo gobierno está dispuesto a cancelar la llamada reforma educativa impulsada por Ernesto Peña Nieto. El punto de inicio del debate ha sido el de que la Constitución fue cambiada para agregar algo que no pone ni quita nada a la educación pública, a saber, que la autoridad es la encargada de contratar a los profesores.

Además, fue creado por disposición constitucional un instituto de evaluación que suele existir en otros países pero que sólo en México ha de integrarse como si fuera la suprema corte de justicia, a propuesta del Ejecutivo y con el voto de las dos terceras partes de los senadores, cuyas funciones son “diseñar mediciones”, “expedir lineamientos” de evaluación y “generar y difundir información.” Todo lo cual se puede hacer sin tanta pompa y costo.