BOGOTÁ (proceso).–Siete años después de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, los investigadores del caso intentan “desenredar” los nudos y “pruebas falsas” que dejó la Procuraduría General de la República (PGR) del sexenio de Enrique Peña Nieto para impedir el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad y proteger a los máximos responsables.

En ese camino sobre el cual hallaron “muchas evidencias fundamentales destruidas” han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan a establecer los sitios en los cuales fueron arrojados los restos de los estudiantes –uno de ellos es la Barranca La Carnicería, pero “hay otros”– y a determinar el grado de participación de varios militares en esos hechos, a partir del análisis de documentos castrenses que los investigadores han revisado, por primera vez, en los últimos meses.