Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 19 de octubre (proceso).- Es innegable que la administración de Enrique Peña Nieto reconoció lo que el gobierno de Felipe Calderón se negó a asumir: la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de la violencia. No sólo se desistió de la controversia constitucional en la que Felipe Calderón había entrampado la Ley General de Víctimas, sino que la publicó y, después de ser aprobada por unanimidad en las Cámaras, le dio cauce: Recientemente se eligió a los siete consejeros que presidirán el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y pronto la reglamentación de la ley estará terminada.


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