CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El encarcelamiento de inmigrantes indocumentados, el trato hacia menores no acompañados que transitan por México y el acceso a identidad legal, educación y salud son algunos de los temas sobre los cuales el gobierno mexicano debe responder ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Tales situaciones forman parte del extenso interrogatorio que varios colectivos de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes enviaron en tres reportes separados al grupo de 14 expertos independientes, responsables de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, vigente desde 2003.