CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la firma del llamado Acuerdo de Escazú, el Estado mexicano, principal agresor de los defensores del medio ambiente en el país, se comprometió ayer a garantizar la justicia en materia ambiental, a proteger a los activistas y a tomar medidas apropiadas “para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones” contra ellos.