COLIMA, Col. (apro).- La muerte de un profesor jubilado, al que presuntamente se le negó el servicio médico en un hospital particular por un adeudo del gobierno estatal, reavivó la polémica por la discrepancia existente entre la Ley de Pensiones Civiles que prevé atención privada para los miembros de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la recién aprobada Ley de Austeridad, que prohíbe la contratación de servicios de salud particulares para los servidores públicos.
A través de las redes sociales circularon hoy reclamos al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, cuya administración fue responsabilizada de la muerte del profesor por no haber cubierto las deudas con una clínica privada que, según versiones, se negó a atenderlo y posteriormente perdió la vida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).


Adquiere una fotografía para ilustrar esta nota aquí