MÉXICO, D.F., 16 de julio (proceso).- Ha llegado la hora para el retiro de los militares de las calles. La situación actual ya no es sostenible, con casi 50 mil integrantes de las fuerzas armadas que se encargan de manera cotidiana de tareas de seguridad pública. Estamos en una coyuntura de abuso generalizado contra los derechos humanos y de violación flagrante a la Constitución, así como frente a un abierto fracaso en el combate a la violencia y a la delincuencia organizada. Es imperativo determinar una fecha específica y cercana para el retorno de los soldados a sus cuarteles.
En su momento, el gobierno federal justificó la estrategia de recurrir al Ejército y a la Marina como una medida temporal que supliría a las corporaciones policiacas del país mientras éstas “limpiaban” y “profesionalizaban” su personal. Pero la “medida temporal” se ha convertido en una misión permanente para “mantener la paz” en toda la República. De allí la desesperación por aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que buscan “legalizar” las acciones que hoy violentan gravemente el mandato constitucional de que los militares únicamente puedan “ejercer funciones” que “tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129).


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