CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los responsables del servicio público, profesionales de la salud y el resto de la población deben garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres con discapacidad que, por su condición, enfrentan una doble discriminación.

Así lo señaló Adriana Soto Andalón, jefa del Departamento de Salud del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al precisar que se trata de un sector de la población que ha vivido marginado, “invisibilizado”.