CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ocho años tuvieron que pasar para que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ejerciera acción penal en contra de una mujer que obligaba a dos menores a ver películas pornográficas, a tener contacto sexual entre ellos y a delinquir en la alcaldía de Tlalpan.