CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera consulta popular basada en la Constitución, la que habrá de realizarse el 1º de agosto próximo, vive un oculto debate. Con algunas excepciones, quienes no la quieren, quienes la repudian, quienes la odian, no la pueden cuestionar, por lo que con frecuencia intentan ridiculizarla. El fondo del asunto es que a los reaccionarios (los que buscan volver atrás) no les favorecería combatir directamente el principio que anima la consulta, el cual consiste en que la gente decida, sino que, al aborrecer que el pueblo pudiera llegar a decidir, tienen que refugiarse en la proclamada inoperancia de las decisiones populares.

Unos se refugian en que la pregunta es enredada, pero ésa no la redactaron los convocantes sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que no se atreven, todavía, a combatir. Como no les conviene ir a reclamar a las y los ministros, entonces insinúan que el defectuoso texto de la consulta popular es culpa del gobierno. Pero eso no es lo relevante, pues se va a preguntar si los presidentes mexicanos y sus entornos deben seguir siendo impunes o si eso ya terminó y debemos empezar otra época, en la que no haya impunidad de los poderosos. En realidad, lo que se preguntará es lo más sencillo posible a la luz de tantas décadas de Estado corrupto.