CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la revelación de que 15 mil números telefónicos fueron espiados durante la administración de Enrique Peña Nieto, a través de Pegasus, organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional”, en la que se involucre a las víctimas y se sancione a los responsables de la vigilancia ilegal de defensores, periodistas y opositores políticos, hechos que hasta ahora permanecen en la impunidad.

En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Tecnología Digital para el Cambio Social (Social Tic) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), apuntaron que la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories, organización francesa dedicada al periodismo de investigación, y Amnistía Internacional, confirmó que “desde las agencias del Estado mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional  (Sedena), existió un patrón de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad”.