CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El martes 30 de abril, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Un encuentro sencillo, sin la cobertura que los secretarios del Trabajo en sexenios pasados solían desplegar para publicitar sus aventuras en provincia.

En una vivienda, se reunió con la Organización Familia de Pasta de Conchos, integrada por los deudos y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 2006 así como de los accidentes carboneros posteriores que sumarían en estos años alrededor de 200 fallecidos, quienes encausaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una primera señal de buena voluntad se había dado el pasado 19 de febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no litigar.