CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En noviembre de 2014, en medio de la crisis de su gobierno por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –y expuesto por la investigación de la llamada “casa blanca”–, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a su gabinete, legisladores y dirigentes sociales y empresariales afines a su gobierno, para anunciar diez medidas que, dijo, fortalecerían la “seguridad, la justicia y el estado de derecho”, entre ellas las reformas al marco legal para atender lo que dio en llamar “justicia cotidiana”.
A 17 meses de distancia, el mandatario envió este jueves al Congreso un paquete de iniciativas de reformas constitucionales en materia de justicia civil, familiar, laboral y administrativa.


Adquiere una fotografía para ilustrar esta nota aquí