CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado sus críticas a Proceso en virtud de dos piezas que difundió en sus páginas. Ya lo había hecho antes por semejantes razones. Las afirmaciones del presidente paradójicamente honran a este semanario y le brindan una suerte de certificado de garantía: con sus proclamas, el presidente da público testimonio de que desde Proceso se hace periodismo al amparo de la Constitución y las leyes y que se observan los principales estándares democráticos internacionales. Y no es para menos. Un medio de comunicación, por el contrario, que fuere objeto de palabras presidenciales de encomio haría al menos dudar de sus contenidos.

Lo que afirma AMLO sobre Proceso y otros medios es desafortunado, pero, por lo menos hasta ahora, no es constitutivo de delito o de ilícito alguno. Siempre, pero ahora en un clima de crispación todavía más, el periodismo juega un papel significativo en la medida en que, con el ejercicio profesional de las libertades de expresión e información, debe satisfacer un bien superior, el derecho a la información de la sociedad. Que no exista una ley (y qué bueno que no la haya, dicho sea de paso) para los medios escritos y digitales, no significa que no deban observarse procesos estandarizados de cómo se fabrican las noticias y de qué manera se jerarquizan. Y esas reglas aplican también para las secciones de análisis en las que, si bien es verdad hay mayores márgenes de libertad, también lo es que no existe ni aquí ni en ningún lugar del mundo una libertad absoluta. No hay que ir muy lejos para saber dónde se encuentran a detalle esas reglas del periodismo que deben ser atendibles. Baste con leer, a vía de ejemplo, el Código Europeo de Deontología del Periodismo (https://acortar.link/NDpEwv) y una lectura más a fondo se puede encontrar en mi obra Deontología informativa: códigos deontológicos de la prensa en el mundo (México, Miguel Ángel Porrúa, 2002).