MADRID (apro).– Vox, el partido de ultraderecha, pretende imponer en la Junta de Castilla y León medidas “pro-vida”, que suponen una regresión a la ley del aborto en España, porque obligaría a los médicos a ofrecer a las embarazadas que quieran abortar a que previamente escuchen el latido fetal y ecografías 4D, así como atención psicológica, fórmula con la que ese gobierno autonómico pretende disuadir a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.

El caso ha provocado tal escándalo que el Partido Popular (PP), que preside Castilla y León y que cogobierna con Vox, pretendió desmarcarse este viernes del plan antiaborto de Vox, que fue dado a conocer la víspera por el vicepresidente y líder de Vox en esa comunidad, Juan García-Gallardo.