CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un cambio en la estrategia jurídica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permitió que órganos del Poder Judicial finalmente le dieran la razón a los contingentes del movimiento magisterial, al reconocer, a través de la resolución de tres juicios de amparo, los vicios y vacíos legales en la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), uno de los tres pilares de la Reforma Educativa.

Apro tuvo acceso a las resoluciones de los juicios de amparo 144/2016 radicado en el juzgado Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, el 795/2017-V en el juzgado Octavo de Distrito en Sonora y el 1047/2017 en el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán que maestros aliados a la CNTE interpusieron desde el año pasado y en los que cada uno de los jueces y ministros estatales que resolvieron los recursos legales este año evidenciaron faltas al “debido proceso” en la aplicación de la LGSPD.