La confrontación entre los poderes de la Unión escaló al punto en que, en franco desafío, el presidente López Obrador emitió un decreto presidencial que ignoró una resolución de la Suprema Corte que lo obligaba a transparentar las obras insignias de su administración, al tiempo que arreció la andanada de descalificaciones contra los ministros del máximo tribunal y en particular contra su presidenta Norma Piña. Fue “una chicanada” del mandatario, juzga el investigador Jesús Garza Onofre, en referencia a que actualmente el INAI está imposibilitado para impugnar el nuevo acuerdo presidencial, pues no tiene quórum legal para hacerlo y es el único organismo legitimado para ello.