MÉRIDA, Yuc. (apro).- Trabajadoras sexuales promovieron un juicio de amparo contra el ayuntamiento de Mérida, porque en las reformas que aprobó al reglamento municipal de Policía y Buen Gobierno criminalizó y estigmatizó la actividad en detrimento de los derechos humanos de quienes dependen de ella.

En conferencia de prensa, un grupo de afectadas, junto con abogados de asociaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos, recordaron que las nuevas disposiciones del reglamento municipal entraron en vigor el pasado 14 de septiembre.