CIUDAD DE MEXICO (apro).- Como no se sabe, en México está prohibida en la Constitución la propaganda gubernamental personalizada, es decir, que contenga nombres, símbolos o rostros de cualquier servidor público. Lo que sí se sabe es que esta publicidad pagada abunda en los medios.

Durante años he llevado a cabo una lucha en contra de esa práctica inconstitucional pero he tenido muy poca suerte. El primer problema es que no existe ley reglamentaria de ese precepto constitucional contenido en el artículo 134, por lo cual tampoco está definido el procedimiento ordinario exacto para hacer denuncias formales y exigir las sanciones correspondientes.