CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis años de la desaparición forzada de al menos 27 personas y la ejecución extrajudicial de 10 más, entre ellos dos menores y dos mujeres, a manos de marinos desplegados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación, familiares de las víctimas reclamaron las omisiones del Estado mexicano para procurar justicia y reparar el daño causado por los integrantes de la Secretaría de Marina (Semar).

El reproche no sólo es por la impunidad en que se encuentran los casos sino que 20 de las víctimas no son reconocidas como desaparecidas por los marinos en el nuevo censo promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ninguna de las 27 familias tuvo contacto con funcionarios de la Secretaría de Bienestar para informar sobre sus casos.