MÉXICO, D.F., 16 de julio (proceso).- En las pasadas dos semanas se debatió en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en general sobre la obligatoriedad de las resoluciones de tal tribunal internacional. Sin ánimo de exagerar, las discusiones que tuvieron lugar en el máximo órgano judicial del país inauguran una nueva etapa en nuestro ordenamiento jurídico; sí, al amparo de nuestra vieja Constitución, pero puesta al día gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio 10.
Las implicaciones de aquel debate han sido noticia de primera plana: “Militares que se involucren en violaciones de derechos humanos deberán juzgarse por tribunales civiles”; la reacción del gobierno: “Se toma nota de lo determinado en la Suprema Corte para orientar nuestras acciones en el futuro”. A partir de ello, más allá de la celebración inmediata conviene redoblar esfuerzos para incrementar la exigencia de rendición de cuentas a todas las autoridades, pues, como se puede anticipar, la inercia de impunidad alentada por la falta de controles al gobierno y de garantías para nuestros derechos no desaparecerá de la noche a la mañana. En esa labor, los tribunales son vitales.


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