Laurence Pantin, Gustavo Marín y Diana Mejía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 20 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y algunos senadores de oposición contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor el 6 de noviembre de 2018. Esta ley, impulsada por la mayoría legislativa en línea con la estrategia de austeridad republicana del mandatario, determina que ningún funcionario público federal puede ganar más que el presidente –una prohibición ya establecida en la Constitución, recordemos, desde agosto de 2009[1], pero que tuvo que esperar a la ley de noviembre pasado para dejar de ser letra muerta–.