CIUDAD DE MÉXICO (apro).- He seguido de cerca en estas páginas, y en otros espacios, el caso de la actriz Kate del Castillo desde que inició por el desaseo jurídico en el que nació imbricado el asunto.

Es de conocimiento público el linchamiento mediático por el que el gobierno mexicano actuó contra Kate por su entrevista con Joaquín Guzmán Loera. Su equipo jurídico con buen tino ha debido utilizar las herramientas disponibles del sistema jurídico mexicano para hacer frente a un caso atípico, que se aleja de los litigios habituales, donde hay un respeto razonable, en mayor o menor medida, al principio de seguridad. No fue así en este caso.