CIUDAD DE MEXICO (apro).- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez coincidieron con organizaciones civiles y activistas en rechazar las pretensiones de legisladores y del gobierno de Enrique Peña Nieto de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a través de iniciativas como la Ley de Seguridad Interior.

Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.