CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- El amparo que interpuso Margarita P., una mujer de 41 años de edad a quien el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le negó el derecho al aborto legal, pese a que su vida corría peligro, podría sentar un precedente en beneficio de las mexicanas.
En 2013, Margarita pidió al ISSSTE que le permitiera la interrupción del embarazo para evitar complicaciones diabéticas o de hipertensión en su salud. Ante la respuesta negativa interpuso un amparo, que también le negó un juez de Distrito, y entonces solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera el caso.


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