CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso contra Rosario Robles, lance legal que por primera vez en la historia política moderna colocó a una exsecretaria de Estado en la cárcel, así sea de manera preventiva, deja aún la sensación de eventual impunidad, una opinión más o menos generalizada de que, como ocurrió con casos como el de Elba Esther Gordillo, se resolverá en libertad, bajo la idea de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logre acreditar más delitos de aquel por el que la tiene en prisión o incurra en errores que violen garantías de la exfuncionaria.

La apuesta de la fiscalía –que, aun siendo autónoma, inevitablemente es asociada con el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador centrado discursivamente en erradicar la corrupción— es a la ampliación de imputaciones, una suerte de, digamos, caso buscador que surtió efectos tempranos.