CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se negó a transparentar al público en general sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés: en su declaración de servidora pública disponible en Declaranet, solo indicó su trayectoria profesional, que incluye entre otros la función de titular de la notaría pública 182 de la Ciudad de México, ubicada en el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec.

Su caso no es aislado: Esteban Moctezuma Barrangán, ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, tampoco quisieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer a la ciudadanía sus situaciones patrimoniales y posibles conflictos de interés. En los últimos 17 años, Moctezuma fue presidente de la Fundación Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego.