CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la vuelta a la discusión de dos temas sobre la actuación de los militares en actividades de seguridad pública que pudieran resultar en violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

La Primera Sala tenía programada para ayer la discusión de un amparo en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 durante un operativo coordinado por elementos del Ejército mexicano en Oaxaca.