CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis exfuncionarios de la anterior administración del gobierno de Coahuila exigieron su reinstalación inmediata y una indemnización, luego que fueron acusados, en 2012, sin prueba alguna por el Gobierno federal de tener relaciones con grupos de la delincuencia organizada.

Las seis víctimas del llamado “Coahuilazo” se presentaron al edificio central de la Procuraduría General de Justicia del estado para hacer valer sus derechos laborales y reparar el daño del cual fueron acusados por “testigos protegidos” de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).