La maniobra del presidente López Obrador de declarar las obras del Tren Maya como asunto de seguridad nacional puede ganar tiempo para concluirlas, pero expone a los funcionarios implicados en la realización del proyecto a denuncias penales por desacato judicial, advierten constitucionalistas. Ningún decreto o acuerdo está por encima de la ley, indican.

Ciudad de México (Proceso).- Desde 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía que el Tren Maya representaba un potencial conflicto jurídico de gran envergadura por las afectaciones ambientales, impactos arqueológicos, uso de suelo y derechos de propiedad de la tierra.