CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Regional en Durango del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se retractó de su decisión de suspender la inhabilitación por dos años y seis meses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a la empresa farmacéutica Solfrán, de Carlos Lomelí, exsúperdelegado del gobierno federal en Jalisco.

En respuesta, los abogados de la empresa denunciaron que la SFP, dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ejerció una “presión inusitada” y “amenazó” al magistrado Miguel Aguilar García de “ser removido de su cargo”, para que revocara su decisión de permitir a Solfrán participar en licitaciones hasta que se resuelva el fondo del juicio.