CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la República ha violado nuevamente la Constitución Política: el principio de transparencia y el juicio de amparo. Con el decreto de 22 de noviembre en curso consumó la destrucción del estado de derecho y, con ello, ha impuesto la opacidad como regla y su libre arbitrio como instancia inicial y final. Ha dejado a los mexicanos en estado de indefensión.

A base de decretos inconstitucionales y anticonstitucionales ha hecho algo más: ejercer el poder con base en la Carta Magna, al margen de ella y aún en contra de lo que su texto manda y prohíbe. Su acción, como la de toda autoridad arbitraria, no reconoce barrera, legales o humana. Nada detiene su acción. Eso es grave, general y reiterado.