CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Después de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en junio pasado, en México se puso freno a las adecuaciones para transformar a la Procuraduría General de la República (PGR), subordinada al Ejecutivo, en una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma, que además de transparentar su actuación en la persecución de los delitos, fuera determinante en la fiscalización y el combate a la corrupción.
Mantener las actuales estructuras sin cambiar la esencia de lo que ha sido el Ministerio Público ni adaptarlas a las exigencias del sistema nacional anticorrupción y el de transparencia significa dar paso a un fiscal general de la República con gran poder, sin contrapesos ni controles, sobre todo si su titular carece de autoridad moral, advierte Diana Cristal González Obregón, autora del primer y único manual práctico del juicio oral para México y redactora en el nuevo Código Nacional en Procedimientos Penales.


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