CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suerte de la polémica Ley de Seguridad Interior, que regulariza el uso de militares en las tareas de seguridad pública, se decidirá el próximo lunes 12 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) presentó un amicus curiae para que la máxima autoridad judicial del país la declare inconstitucional.

En el documento, dirigido a los ministros de la SCJN, la organización sostuvo que “los mecanismos civiles de supervisión, control y rendición de cuentas para los militares en la LSI son insuficientes y no garantizan el respeto de los derechos humanos”, pues sostuvo que el 97% de los abusos militares contra civiles quedan impunes, y que las instituciones castrenses operan sin rendirle cuentas al Poder Legislativo.