QUERÉTARO, Qro., 15 de julio (apro).- Un preso del penal de San José el Alto lleva 80 días apartado del resto de la población, en un módulo de 2 por 2.5 metros, por haber recabado firmas para solicitar que las autoridades penitenciarias repararan una bomba de agua, que hace meses no funciona.
El interno es uno de los 29 presos de Jalisco que fueron recluidos el 13 de junio de 2013, acusados todos de disparar la misma arma que mató a un ejidatario, lo que el titular de la Defensoría de Derechos Humanos (DDH), Miguel Nava Alvarado, ha considerado “jurídica, material y humanamente imposible”.
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