ANÁLISIS / CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 14 de septiembre, en el Centro Cultural Tlatelolco, durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, en el que los colectivos de víctimas le propusimos a Andrés Manuel López Obrador la agenda de justicia transicional, el entonces presidente electo dijo a manera de conclusión: “Yo les digo, por lo que corresponde a mi responsabilidad, y lo voy hacer ya en el momento en que llegue a la Presidencia, voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. No sólo voy a pedir perdón, voy a comprometerme a que va a haber justicia en lo que humanamente está de mi parte. No están solos (…)”. 

Ningún presidente antes de López Obrador había asumido esa responsabilidad de Estado. Esas palabras, en un México profundamente adolorido y victimizado, y en el marco de los 50 años de la masacre del 68, marcó una honda diferencia: teníamos frente a nosotros, por fin, a un estadista que tomaría en sus manos la agenda fundamental del país: la de la justicia a las víctimas que lleva a la paz, sin las cuales México permanecerá en el infierno.