CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Ante su fracaso en la localización de las 30 mil personas desaparecidas en el país y las dificultades para conocer la identidad de las que tiene como no identificadas, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a firmar un convenio carente de sustento legal. Ahora, esta última instancia deberá “compartir” las bases de datos personales de los 83.5 millones de ciudadanos de su padrón a las procuradurías.

No obstante, entre el personal de la dependencia electoral existe la preocupación de que a través del Convenio de colaboración que establece mecanismos para compartir información de las bases de datos del Instituto Nacional Electoral, firmado el pasado 6 de septiembre por la PGR, las procuradurías, fiscalías y servicios médicos forenses estatales y el INE, la PGR también solicite datos sobre personas que está persiguiendo.