CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reconocida como “crimen de Estado” en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2023, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, por la implicación de funcionarios de tres órdenes de gobierno es vista por la administración de Claudia Sheinbaum como “una herida abierta para sus familiares y para el pueblo de México”, de la que se le pretende restar responsabilidad a autoridades federales, sobre todo, a las Fuerzas Armadas.
Al menos de eso parte el balance que comparte abogados de los familiares de los jóvenes desaparecidos con Proceso, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, y el responsable de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán Álvarez, presentarán un informe sobre los avances de las indagatorias y la búsqueda de los normalistas el pasado 28 de septiembre.