CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades mexicanas emplean herramientas de ciberespionaje de manera discrecional y opaca, sin que ello resulte en una mejor impartición de justicia; además, operan fuera del alcance de la justicia y se resisten a abrirse al escrutinio ciudadano, advirtió la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en el informe “El Estado de vigilancia: Fuera de control”, que publicó hoy.

Entre 2013 y 2015, las instancias de seguridad mexicanas solicitaron en por lo menos 3 mil 182 ocasiones un permiso para intervenir comunicaciones privadas; extendieron al menos 41 mil 107 peticiones a las empresas de telecomunicaciones para conocer los “metadatos” de sus clientes y otras 11 mil 994 solicitudes para descubrir la geolocalización en tiempo real.