GUANAJUATO, Gto. (apro).- Con 25 votos a favor y 11 en contra, el Congreso local aprobó el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) que exonera al Ejecutivo de cualquier irregularidad en la adquisición de 600 hectáreas para la instalación de la empresa armadora Toyota.
En tribuna, diputados del PRI, PRD y Verde Ecologista (PVEM) recordaron que ellos ya habían advertido que la auditoría no arrojaría información que reflejara anomalías, como la especulación inmobiliaria de la que ejidatarios acusaron al gobierno estatal y a la empresa inmobiliaria JAOS & SGB –conformada por exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón–, conocida como “Toyotagate”.


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