CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Decididos a evitar que la desa¬parición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa quede en el olvido, padres y defensores de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos luchan por que sean sancionados los servidores públicos que obstaculizaron las investigaciones para localizar a los jóvenes.
Tras la revelación hecha por este semanario el pasado 19 de noviembre (Proceso 2090) del Acuerdo de Conclusión de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se exponen las irregularidades cometidas por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y otros cinco funcionarios de la dependencia –información retomada días después por los diarios Reforma y The New York Times y el portal Aristegui Noticias–, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de dos de las víctimas, exigen la culminación de la indagatoria interna y el castigo a los funcionarios que cometieron actos ilegales.


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