CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Con una furia y consistencia que no se habían visto antes, los concesionarios de radio y televisión agrupados en la CIRT, los principales comentaristas y periodistas que trabajan en esta industria, más senadores, alcaldes, gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, empresarios y hasta la arquidiócesis capitalina sumaron sus voces para descalificar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer desde el 21 de diciembre de 2016 y que debían entrar en vigor el próximo jueves 16.

Las críticas más difundidas fueron que estos lineamientos “violan la libertad de expresión”, constituyen “censura previa” y son una extralimitación de las funciones y atribuciones del IFT porque establecen, entre otras cosas, la obligación de diferenciar opinión de información, distinguir la publicidad del contenido programático, establecer requisitos y procedimientos para el registro de defensores de audiencias en cada estación, obligan también a elaborar códigos de ética tanto entre programadores y concesionarios de radiodifusión como de televisión restringida, así como a realizar “campañas integrales de alfabetización mediática”.