CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano tiene la obligación de adoptar marcos jurídicos e institucionales que brinden una protección efectiva de la biodiversidad bajo una perspectiva de derechos humanos, que además debe ser uno de los principales ejes rectores para el desarrollo del país y del bienestar social.
Así lo planteó en un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al subrayar que los cambios descontrolados en el uso de suelo y la sobreexplotación de recursos naturales en las últimas décadas han generado la pérdida sustancial de ecosistemas y su biodiversidad de manera irreversible, en la mayoría de los casos, lo cual agrava los efectos de los fenómenos naturales sobre el bienestar de la población y provoca altos costos sociales y económicos.


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