CIUDAD DE MEXICO (proceso).- Todavía no ha sido puesto en operación de manera completa el nuevo sistema de justicia penal y los gobernadores de todo el país ya quieren reformarlo, porque le achacan el aumento de la inseguridad en México.

Pero detrás de su pretensión está el incumplimiento de los gobiernos estatales y federal para capacitar a los policías, ministerios públicos, defensores públicos, personal penitenciario y todos los operadores del nuevo modelo, pese a los millonarios recursos que recibieron y que tuvieron ocho años para hacerlo.